SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano Azucarero (INAZUCAR) escogió a los integrantes del Comité de Etica Pública (CED), que tendrá a su cargo coordinar las acciones que permitan fortalecer la transparencia e integridad de la institución.

El proceso realizado en el salón de reuniones del INAZUCAR fue supervisado por Yaritza Pérez, técnico de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Los elegidos para integrar el Comité de Etica Pública son Helen del Pilar, Yasmin Santos, Dinorah Rodríguez,
Ariana Montilla, Alfonsina Fernández y Emmanuel Quiñones.

También fueron Juan Antonio Ferrand, Octavio García, José Nolasco, Virginia Cepeda, Rosa María Javier, Orlando Jaquez, Claridina Acosta y Adalgisa Hernández.

El proceso estuvo dirigido por la Comisión Electoral, integrada por el profesor Rafael Reyes Ramírez, quien la presidió, Aquino Taveras González y Jhonatan López, miembros.

Las elecciones se iniciaron a las 11:00 de la mañana en un ambiente donde no se registró ningún tipo de incidente y participó el 98 por ciento de la matricula de empleados del organismo rector de la política azucarera del gobierno.

Con la elección de los miembros del Comité de Etica Pública, el director del INAZUCAR, Antonio López Guzmán da cumplimiento a la disposición del Presidente Danilo Medina, contenida en el decreto 143-17, que instruye a los directivos de las instituciones públicas a crear y mantener vigente ese organismo  en la entidad bajo su dirección.

Concluido el proceso eleccionario y analizado su resultado, el señor López, procedió a remitir una comunicación con los contenidos de las votaciones al licenciado Lidio Cadet director de la DIGEIG, para los fines de lugar.

La CED son organismos de carácter cívicos, integrados por servidores de las instituciones del gobierno que promueven valores, principios y normas en las dependencias del gobierno donde laboran.

La creación de esos órganos se hace con el objetivo de fortalecer la institución, para desarrollar acciones que permitan la realización de los servicios públicos dentro de un marco honesto y correcto.

Reciben el monitoreo y asesoría del Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para el diseño de sus planes operativos y garantizar el alcance de sus actividades dirigidas a transparentar la entidad pública.